Fallo a favor de las tesis del Servicio Jesuita de Migraciones sobre la restricción a la libertad de movimiento

El pasado 4 de diciembre el Tribunal Superior de Justicia de Madrid emitió un fallo a favor de las tesis del Servicio Jesuita de Migraciones (SJM) sobre la restricción a la libertad de movimiento de las personas solicitantes de asilo en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

La sentencia, que anula varias resoluciones de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional por las que se negaba el reconocimiento expreso del derecho de las personas solicitantes de asilo a trasladarse a la península desde Melilla, estima el recurso interpuesto, ordenando se permita este traslado e imponiendo costas. 

De esta manera, el Tribunal vuelve a reconocer el derecho a trasladarse desde Melilla (o Ceuta, donde se lleva a cabo la misma practica) al territorio peninsular de las personas solicitantes de protección internacional residentes en los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) cuya solicitud ha sido admitida a trámite, ya que ello implica que está en situación regular en España, aunque sea de manera transitoria.  

Ya el pasado 23 de abril de 2018 el TSJM había suspendido cautelarmente la decisión de no permitir el traslado, ordenando a la Comisaria General de Extranjería y Fronteras 

  • que se indicara fecha y hora concreta en que se realizará el traslado para pasar a territorio peninsular
  • que se dejara de impedir el traslado a la península de los solicitantes de protección internacional debidamente documentados 
  • que se dejara de indicar en las “tarjetas rojas” la limitación “solo válido en Melilla” o “solo válido en Ceuta”, al ser contrario a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico

Las sentencias reconocen que, en aplicación del código de fronteras Schengen, la Policía está legitimada para someter a controles de identidad y documentación a quienes se disponen a viajar desde Ceuta y Melilla a la Península. Sin embargo no puede limitar al extranjero en situación regular en España su derecho reconocido a circular libremente por todo el territorio.

Además, el SJM viene denunciando que las personas solicitantes de protección internacional en Melilla no pueden acceder al resto de derechos materiales de acogida reconocidos en la legislación, y a los que sí tendrían acceso en cualquier otro punto del territorio nacional. En Melilla la discriminación venía siendo doble ya que no se les permitía el acceso a sus derechos ni trasladarse a otro lugar donde poder ejercerlos. En estas condiciones, no impedir la salida de las personas que solicitan protección internacional en Melilla debe ir de la mano de posibilitar su acceso en el Sistema de Acogida e Integración de Refugiados.

  • Por todo ello, la organización pedía que se reconociera la vulneración de los derechos fundamentales a la libre circulación por el territorio nacional, consagrado en el artículo 19 de la Constitución, en relación también con los artículos 13.1 y 10.2.  

La práctica de la Comisaría General de Extranjería consiste en impedir la salida de Ceuta o Melilla de las personas residentes en los CETI cuya solicitud de asilo ha sido admitida a trámite, aplicando restricciones a su libertad de movimiento y de residencia. 

Esta limitación ha sido declarada ilegal por los tribunales españoles, afirmando el derecho a la libertad de movimiento de todos los solicitantes de asilo dentro del territorio español en más de 15 ocasiones desde 2010 (Tribunal Supremo de Andalucía,  Sentencia de 25 de octubre 2010; 28 octubre 2010; 21 diciembre 2010; 27 diciembre 2010; 13 enero 2011; 24 febrero 2011; 23 febrero 2012; 6 marzo 2012; 11 abril 2012; 11 julio 2014; 13 febrero 2015; Tribunal Supremo de Madrid, sentencia  667/2017, 29 septiembre 2017; Tribunal Administrativo de Ceuta, sentencia 278/2017, 25 mayo 2017). 

Todas ellas coinciden en recordar que el artículo 36.1, h) de la Ley de Asilo regula que quien ha obtenido el asilo o la protección subsidiaria tiene reconocidos los derechos establecidos en la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados, en la normativa vigente en materia de extranjería e inmigración, así como en la normativa de la Unión Europea, y, en todo caso la libertad de circulación. Asimismo, el artículo 18.2, d) de la misma Ley impone a los solicitantes de protección internacional la obligación de informar sobre su domicilio en España y cualquier cambio que se produzca en él. 

Igualmente coinciden en que el artículo 5 de la Ley de Extranjería reconoce al extranjero en situación regular en España su derecho a circular libremente por el territorio español. En este sentido, precisa el alcance de la previsión del Acta final, apartado III, e) de la Adhesión de España al Convenio de Aplicación del Acuerdo de Schengen, que prevé que España puede mantener controles de identidad y de documentos en las conexiones marítimas y aéreas provenientes de Ceuta y Melilla en el caso de las personas que tengan como único destino otro punto del territorio español o de los Estados del espacio Schengen, con el solo objetivo de verificar si los pasajeros siguen cumpliendo las condiciones por las que fueron autorizados a entrar en territorio nacional. 

Cabe recordar como en 2017, la ONG CEAR ya había obtenido una sentencia favorable sobre el mismo tema pero respecto a los traslados desde la ciudad de Ceuta. En esa ocasión, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) madrileño estimó no procedente la denegación a una persona refugiada su derecho a trasladarse a la Península tras haber sido admitida su solicitud de asilo. En su decisión, el Tribunal aclaró que el afectado “se encontraba en situación regular” por lo que no cabía ninguna restricción de movimiento “por todo el territorio nacional”.

Hasta ahora, sin embargo, no se ha tomado ninguna medida con respecto a esta cuestión. Aunque en los últimos años se habían acelerado, sobre todo en Melilla, los traslados a la península de solicitantes de asilo, los criterios aplicados por la autoridad competente siguen sin ser públicos, transparentes o claros. Es además evidente la discriminación basada en la nacionalidad, ya que los ciudadanos de países subsaharianos que no solicitan asilo vienen siendo trasladados de manera más regular, mientras que los solicitantes de asilo magrebíes y los ciudadanos de países como Pakistán, Bangladesh y Sri Lanka pueden esperar más de un año sin poder salir del enclave. 

Esta realidad ha causado importantes distorsiones en el acceso a los procedimientos de asilo por parte de estos colectivos, que en muchos casos prefieren no realizar su petición de protección internacional en las ciudades autónomas para no quedarse de manera indefinida bloqueados allí, y prefieren esperar a ser trasladados a la península para plantearse la posibilidad de ejercer su derecho a solicitar asilo.

Cabe destacar como la práctica de restringir la libertad de movimiento de las personas migrantes y solicitantes de asilo en los países de entrada a Europa, aprovechando esas características geográficas que dificultan el acceso autónomo al resto del territorio nacional, es una reciente tendencia en la gestión de los flujos migratorios a nivel europeo. 

El llamado “método hotspot” lanzado por la Comisión Europea, que ha consistido en la apertura de centro de “identificación y reseña” en islas italianas y griegas, desde donde las personas no tienen libre acceso al territorio peninsular una vez han sido reseñadas e identificadas por la policía. En la práctica, estas restricciones no se basan en una decisión razonada e individualizada, por lo que, en algunos casos podrían no estar de acuerdo con el principio de legalidad al no tenerse en cuenta la necesidad y proporcionalidad necesarias en este tipo de medidas. 

Según la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la diferencia entre la restricción a la libertad de movimiento y la privación de libertad depende en la intensidad de la medida. ¿Podría entonces la restricción geográfica constituir una detención de facto? Para evidenciar la naturaleza de una medida restrictiva, el TEDH evalúa de forma acumulativa el tipo de medida, su duración, sus efectos y la forma de implementación. Ya en 1980 en Guzzardi v. Italia, el Tribunal determinó que, de manera acumulativa, los factores que caracterizan la restricción del movimiento podrían equivaler a la detención. En este caso el demandante se vio obligado a permanecer en un área pequeña de una isla durante 16 meses, donde estuvo sujeto a un toque de queda nocturno, debía informar a las autoridades dos veces al día y sus viajes al continente requerían el consentimiento de las autoridades y estaban supervisados por la policía.

Accede a las sentencias en los siguientes enlaces:

https://sjme.org/nuevas-sentencias-favorables-a-la-libre-circulacion-de-solicitantes-de-asilo-documentados-en-melilla/ 

https://sjme.org/gallery/sentencia-a-favor-del-derecho-fundamental-a-la-libre-circulacion-de-personas-solicitantes-de-proteccion-internacional/