El Comité de Derechos del Niño vuelve a denunciar la falta de garantías en los procedimientos de determinación de la edad de los menores migrantes solos en España

El pasado 28 de septiembre, el Comité de Derechos de los Niños de la ONU (CDN) ha emitido un Dictamen muy esperado sobre el trato que reciben los menores migrantes que llegan solos al país, y en particular sobre los procedimientos de determinación de la edad que usa España. La comunicación recibida por el CDN fue tramitada por el abogado de Noves Vies, Albert Parés, para evitar que su cliente fuera devuelto al país de origen y para que fuera trasladado a un centro de protección de menores mientras su caso estuviera pendiente de examen ante el CDN. 

NBF es un adolescente nacional de Costa de Marfil que había llegado en 2017 al país por vía marítima sin documentación, y cuyo interés superior, según el CDN, no ha sido tenido en cuenta por España en los distintos procedimientos a los que ha sido sometido, incluyendo, en particular, la determinación de su edad.

NBF, sin ser previamente entrevistado por el Fiscal competente de determinar su edad, fue sometido a un procedimiento al cual, en la actualidad, son sometidos de forma sistemática muchos de los niños y niñas que llegan al país sin documentación del país de origen y que, según el mismo CDN, carece de las garantías mínimas para un procedimiento tan delicado y con consecuencias tan determinantes para el menor. 

España ha violado diversos artículos de la Convención sobre Derechos del Niño de la ONU, al no aplicar desde el principio el beneficio de la duda al niño, quien desde el principio se había declarado menor de edad, e internándole en un CIE para su expulsión como adulto en situación irregular tras conocer los resultados de las pruebas de edad ordenadas por el Fiscal.

En particular, el CDN ha concluido que el actual procedimiento de determinación de la edad en España, al que ha sido sometido NBF, no cumple con las garantías necesarias por las siguientes razones:

  • la prueba radiológica de la muñeca de la mano izquierda usadas para el análisis del desarrollo óseo puede ser imprecisa y tener amplios márgenes de error, por lo que no es apropiado como único método para determinar la edad cronológica de una persona joven que afirma ser menor de edad, y los Estados deberían abstenerse a usarla;
  • además, el centro médico determinó que la edad ósea del autor era superior a 19 años según el Atlas de Greulich y Pyle, sin establecer ningún margen de desviación posible;
  • no se ha realizado ningún otro tipo de pruebas complementarias, en particular pruebas psicológicas;
  • no se ha realizado entrevista alguna al niño en el marco de todo el procedimiento;
  • no se le asignó un tutor o representante para defender sus intereses en tanto que posible niño, hecho que equivale a negarle el beneficio de la duda ya que constituye una garantía esencial para el respeto de su interés superior y para asegurar su derecho a ser oído;
  • el Estado incumplió parte de la medida provisional consistente en el traslado del autor a un centro de protección de menores mientras su caso se encontrara pendiente de examen, cuando el Comité considera que el riesgo mayor en dichas circunstancias es de enviar un potencial niño a un centro que alberga solamente a adultos reconocidos; y
  • no existe oportunidad de cuestionar el resultado de las pruebas mediante procesos de apelación con efectos suspensivos, no pudiéndose actualmente recurrir los efectos jurídicos de los decretos de determinación de la edad emitidos por los fiscales.

Cabe señalar que el procedimiento al que fue sometido el joven marfileño protagonista de este caso representa un conjunto de malas prácticas habituales por parte de las instituciones involucradas, lejos de tratarse de un trato excepcional. Prueba de ello son las Observaciones Finales del CDN en los informes combinados de España (CRC/C/ESP/CO/3-4, párr. 27 y 59) en las que el CDN ya expresaba su preocupación acerca de los procedimientos a los que son sometidos los niños migrantes en España para determinar su edad. Tampoco es baladí que más de las 20 comunicaciones pendientes de dictamen frente al CDN conciernen dichos procesos. 

En las aportaciones de las partes se citan otros dos casos precedentes en tema de determinación de la edad, que también avalarían la falta de fiabilidad de las pruebas médicas a las que son sometidos los menores migrantes en España: el caso M.B. c España (CRC/C/75/D/9/2017) y L.M. c España (CRC/C/77/D/18/2017).

Tras el Dictamen del CDN, España tiene ahora la obligación de evitar que se cometan violaciones similares en el futuro, asegurando que todo proceso de determinación de la edad de posibles niños no acompañados sea acorde a la Convención y, en particular, que durante dichos procedimientos se designe rápidamente a las personas sometidas a los mismos una representación calificada y gratuita.

Ello conllevaría a un cambio radical en las prácticas que el CDN ha declarado incompatibles con la Convención, como -entre otras cuestiones: (i) la no acogida en los centros de protección a los menores migrantes no acompañados hasta que no hay decreto de edad de la Fiscalía; (ii) el sometimiento a determinación médica de la edad a los menores que llegan con documentación del país de origen; (iii) la ausencia de uso de otras pruebas psicosociales para la determinación de la edad; o (iv) la falta de asesoramiento del menor a través de un representante legal.

 

Sobre el III Protocolo sobre comunicaciones de la Convención sobre los Derechos del Niño

El III Protocolo es el instrumento que ha creado el CDN que permite denunciar directamente una situación que afecte los derechos de los niños. Gracias a la agilidad del procedimiento y la posibilidad de pedir la suspensión de los procedimientos contra el menor a nivel nacional hasta el pronunciamiento del CDN, puede ser la última garantía cuando el Estado no da una respuesta eficaz a la hora de proteger a los niños y garantizar sus derechos.

El protocolo establece pautas para atender quejas y denuncias sobre actuaciones incorrectas o irregulares realizadas por las administraciones, instituciones, autoridades públicas y privadas y otras personas que afecten a los derechos de la infancia. 

La queja puede ser presentada por los niños y niñas o sus representantes y su caso será examinado por un Comité de expertos. Una vez agotadas todas las vías judiciales disponibles en España, se cuenta con un plazo de hasta 1 año para presentar la comunicación ante el CDN.

Jennifer Zuppiroli