El ayuntamiento de Barcelona deberá cumplir con un dictamen sobre derechos de las personas con discapacidad

El Comité de Naciones Unidas condenó al Estado por discriminar a un guardia urbano y recomendó evaluar si el agente puede realizar otras funciones dentro de la Guardia Urbana. El máximo órgano jurisdiccional de Catalunya recuerda que las normas relativas a derechos fundamentales y libertades públicas deben interpretarse de conformidad con los tratados internacionales

 

Barcelona, 13 de julio de 2021. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya acaba de dictaminar que el ayuntamiento de Barcelona debe evaluar si un agente de la Guardia Urbana en situación de incapacidad permanente total puede desempeñar una segunda actividad como funcionario del consistorio.

La máxima instancia judicial de Catalunya ratifica así la sentencia estimatoria del Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 4 de Barcelona, que concluyó que el ayuntamiento vulneró el derecho a la igualdad en el acceso al trabajo del demandante al denegarle la posibilidad de seguir ejerciendo otras funciones en el cuerpo policial. Además, deberá indemnizar al agente con 6.251 euros por la discriminación que ha sufrido. La sentencia puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.

Se trata de un avance importante para el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad y un gran paso para dotar a los dictámenes de comités de derechos humanos de eficacia práctica en España.

 

Los hechos

Vicenç Flores es agente de la Guardia Urbana de Barcelona. En 2009 sufrió un accidente profesional, como resultado del cual fue declarado en situación de incapacidad laboral permanente total. El agente solicitó pasar a segunda actividad, pero el ayuntamiento rechazó su petición, alegando que ésta solo es compatible con una incapacidad parcial. Tenía 31 años. Inició entonces un largo recorrido judicial, sin éxito.

En 2019, después de agotar todas las vías judiciales internas, formuló una denuncia ante el Comité de la ONU sobre Derechos de Personas con Discapacidad. En su dictamen, el Comité concluyó que había vulnerado el derecho a la igualdad del denunciante y recomendó al ayuntamiento adoptar las medidas necesarias para realizar una evaluación funcional alternativa, con el objetivo de determinar si el agente puede realizar otras actividades complementarias.

El agente solicitó entonces una evaluación conforme con lo dispuesto por el Comité ONU al consistorio, que, sin embargo, ignoró su solicitud. Ante esta situación, acudió nuevamente ante los tribunales.

 

La decisión del tribunal

El TSJ de Catalunya recuerda que, aunque los dictámenes del Comité de Naciones Unidas sobre derechos de personas con discapacidad no sean vinculantes, las normas relativas a derechos fundamentales y libertades públicas deben interpretarse de conformidad con los tratados internacionales, de modo que la interpretación no puede prescindir de la que llevan a cabo los órganos de garantía establecidos por esos tratados, como lo es el mencionado comité.

El dictamen, como refieren los magistrados expresamente, tiene un especial valor interpretativo de las normas internas, debiendo ponderarse en todo caso sus razonamientos. En la práctica, la decisión del Tribunal dota de efectividad al pronunciamiento del Comité.

El ayuntamiento de Barcelona fundaba su negativa en un artículo del Reglamento de segunda actividad de la Guardia de Barcelona. El TSJ resalta que ese artículo contraviene normas de rango superior.

Gentium asumió la representación de la persona afectada con el propósito de lograr la ejecución del dictamen favorable que recibió del Comité de Naciones Unidas. La confirmación de la condena al ayuntamiento de Barcelona refuerza la posición de los criterios de órganos internacionales especializados en la protección de los derechos humanos, entre ellos, el de las personas con discapacidad, y supone otro paso más en el reconocimiento y la efectividad de los derechos humanos en España.

 

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